En fecha 10 de febrero de 2017 el juzgado contencioso *Adm n.º1 de Tarragona dictó la sentencia n.º16/2017 anulando los acuerdos tomados por l ayuntamiento de Reus hacia la inclusion como asociado y al pago de las cuotas a asociacion AMI, ( asociacion de municipios para la independencia), donde el Tribunal considera «que las entidades municipales, como todo el Estado , están sujetos en primer lugar a la Constitución y el artículo 2 de la misma, que establece la indisoluble de la nación española.
También considera»indudable el derecho de los políticos que forman las instituciones locales a sostener la conveniencia, e incluso la necesidad, de la independencia de Cataluña, pero no pueden instrumentalizar las instituciones que dirigen para conseguir esta finalidad, porque esto las colocaría en el imposible lugar legal de incumplir la Constitución bajo el pretexto de una supuesta voluntad popular.
Por todo esto, el Tribunal considera la adhesión del municipio a la AMI (Asociación de Municipios por la Independencia) como una «vulneración de la legalidad en el cual nos ocupa, por cuanto se ha instrumentalizado el propio Ente para una finalidad partidista, en los términos referidos por el Tribunal Supremo, que la Asociación tenga otras finalidades no impide considerar, como algo notorio a la vista de su propia denominación y actuación, que su finalidad esencial es contribuir al proceso independentista catalán, finalidad que es partidista y política, además de estar completamente fuera de la competencias municipales.
Por lo cual no es posible que un Ayuntamiento o entidad local, como tal y con plena vulneración de la Constitución, participe del ejercicio de esta finalidad, sin perjuicio, se reitera, de las actuaciones de sus cargos electos.
Sin embargo, excede y desborda claramente el ámbito de la libertad de expresión y de acción política el disponer de recursos públicos para llevar a cabo finalidades contrarias al Ordenamiento jurídico, en los términos en los cuales hoy existe.
Desde el GM PPC pedimos el gobierno local que declare nulos los acuerdos y decretos aprobados por el Ayuntamiento, que tengan como finalidad la adhesión del municipio a la AMI y el pago de las cuotas correspondientes (7.450 € anuales), dejando de formar parte de esta asociación y respetando la legalidad vigente y la Constitución.
Montse Romano
Regidora PPC Caldes de Montbuí
