La Audiencia de Barcelona juzga el próximo jueves a cinco personas acusadas de un delito de usurpación de bien inmueble y de un delito de defraudación de fluido eléctrico; dos de ellas acusadas de un delito continuado de falsedad documental y de un delito contra la salud pública, referido a sustancias que causan y que no causan grave daño a la salud, con la agravante de cantidad de notoria importancia; las otras tres acusadas de un delito contra la salud pública; dos acusadas también de otro delito contra la salud pública y una acusada de un delito de falsificación de moneda. Los hechos ocurrieron en Barcelona, Sant Cugat del Vallès y Sant Celoni en los años 2016 y 2017.
Según el fiscal, en diferentes fechas durante el año 2016, dos de los acusados realizaron envíos libros infantiles a Brasil, a través de una empresa de mensajería en cuyo interior ocultaban las sustancias estupefacientes. La Guardia Civil interceptó los paquetes y se hallaron en su interior más de 1 kg de hachís y unos 8 kg de MDMA. Estos acusados acordaron crear una plantación de marihuana para proceder después a la distribución a terceros. Para ello, accedieron a una residencia deshabitada ubicada en Sant Celoni, instalaron los cultivos y, eludiendo el pago de las facturas de consumo eléctrico, realizaron conexiones no consentidas a postes eléctricos situados en la vía pública. También realizaron una plantación en el domicilio de uno de ellos. En el registro del domicilio y del inmueble anterior, se hallaron, entre otras sustancias, hachís, cocaína, ketamina y MDMA.
En el domicilio, también se encontraron documentos de identidad a nombre de terceros, usados para realizar los envíos y uno de ellos resultó ser íntegramente mendaz, y billetes mendaces de 50 euros, que el acusado a sabiendas de su mendacidad los guardaba para su uso. Los otros tres acusados acordaron
también crear una plantación de marihuana y, para ello, accedieron a una finca deshabitada, instalaron los cultivos y realizaron conexiones no consentidas para eludir el pago de las facturas por el consumo eléctrico. Además, dos de los acusados también se dedicaron de forma habitual a la venta de sustancias estupefacientes a terceros.
El fiscal pide desde 3 años hasta 14 años de prisión para los distintos acusados.
