La mayoría de desalojos son por ocupaciones ilegales o por imago de alquiler

Un desalojo sin duda es una drama para muchas familias. Centenares de ellas son deshauciadas cada año en nuestra comarca por no poder pagar el alquiler, la hipoteca o por estar ocupando un piso de forma ilegal. Muchas familias en esta situación piden ayuda a sus ayuntamientos y éstos se las presrtan con diversas fórmulas. Aunque no todos los que acuden a los servicios sociales se lo merezcan de la misma manera. De hecho tras  el drama, sin embargo, se oculta también una pequeña bolsa de fraude. El Ayuntamiento de Mollet ha desvelado esta semana algunos de estos fraudes. Concretamente ha explicado que del total de 50 expedientes de desahucios que se tienen constancia en estos momentos en la ciudad, y en los que están trabajando sus servicios sociales, al menos en dos casos se ha detectado “que existe un mal uso de los servicio de protección pública”.

El primer caso se refiere a una familia que está ocupando un piso público de la Agencia Catalana de l’Habitatge pese a que no se encuentra en situación de vulnerabilidad social “por sus ingresos elevados”.  “Por esta razón, una familia que realmente necesita un piso de alquiler social no tiene acceso a este piso para el empleo fraudulenta de esta familia”, explican desde el Ayuntamiento de Mollet

El segundo caso de mal uso de los servicios sociales se trata de una persona proveniente de otro municipio donde fue adjudicataria de un piso de alquiler social y en el que vivió durante unos dos años. “Esta persona renunció voluntariamente a este piso para ocupar un piso en nuestro municipio”, se explica. “En esta situación, no se le puede ofrecer una vivienda social para que, al renunciar a la vivienda que ya tenía en otra ciudad, ella misma se ha excluido del sistema de protección oficial de vivienda”, indican.

El Ayuntamiento de Mollet explica que en los 50 expedientes de desahucios que existen en Mollet  los servicios sociales municipales están trabajando “para encontrar alternativas de manera coordinada con la Agencia Catalana de l’Habitatge”. De los 50 casos no hay ninguna que corresponda a procesos abiertos por impagos de hipoteca y todos se tratan de ocupaciones o de impagos de alquiler.

“Los Servicios Sociales municipales actúan siempre de acuerdo con los criterios de justicia social y priorizan los casos extremos de necesidades y que están cumpliendo con el procedimiento que debe seguir cualquier ciudadano”, explican.

En este sentido -siguen- desde el Ayuntamiento de Mollet siempre se velará por la justicia social y no responderá a ningún tipo de coacción y presión para casos como estos pasen por delante de otras familias vulnerables y se continuará trabajando para ayudar y estar al lado de aquellas familias, deudoras de buena fe, que no pueden afrontar la deuda hipotecaria y / o de alquiler”