Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) reconoce a los ayuntamientos el derecho a recibir las subvenciones que la Generalitat dejó de otorgar por las guarderías a partir del año 2012. Una treintena de municipios denunciaron esta falta de financiación por parte del Departamento de Enseñanza durante los cursos 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015 y ahora la justicia les ha dado la razón. Entre los ayuntamientos denunciantes, y por lo tanto que ahora se beneficiarán de esta sentencia, están los de Granollers, Canovelles, Sant Celoni, Montmeló y Montseny, todos ellos gestionados por el PSC.
El TSJC reconoce a los ayuntamientos el derecho a recibir 1.300 euros por alumno en relación a aquellos cursos, la misma cifra que se había pactado el curso anterior al freno en las subvenciones. La sentencia se suma a las que ya han recibido en el mismo sentido los ayuntamientos de Esplugues de Llobregat, Cornellà y L’Hospitalet.
Granollers tiene una oferta pública de unas 350 plazas para niños de 0 a 3 años, lo que implicaría un adeudo de unos 455.000 euros por curso. Si la deuda se amplía a tres cursos, la Generalitat deberá pagar casi 1’5 millones de euros sólo al Ayuntamiento de Granollers.
La reclamación la impulsó el Foro de Alcaldes para la Educación en Cataluña con el objetivo de defender los recursos comprometidos por el Gobierno y evitar que se derivara esta responsabilidad financiera hacia las Diputaciones. En este sentido, la sentencia del TSJC recuerda que la ley prevé que sea la Generalitat quien deba garantizar la financiación de los centros educativos de niños de 0 a 3 años, aunque se trate de centros de titularidad municipal.
De los 36 ayuntamientos demandantes, seis actuaron de manera individual y algunos ya habían recibido sentencia en esta misma línea. Es el caso de Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat o el Hospitalet, que según el TSJC deberían recibir alrededor de un millón de euros cada uno, a cuenta de las subvenciones de los años 2012, 2013 y 2014.
La nueva sentencia mujer ahora la razón a la treintena de municipios restantes, entre ellos los cinco del Vallès Oriental. Estos municipios representan cerca de dos millones de habitantes. Entre ellos no está la capital, Barcelona, que ahora estudia cómo sumarse a estas denuncias.
