¿Quién iba a augurar que un día 80.000 catalanes, muchos llegados a lomos de autocar de la Catalunya profunda, se rebelarían en Barcelona contra la ley y el orden establecido democráticamente para aclamar y apoyar a una serie, bastante amplia, de presuntos delincuentes? Si están siendo investigados es que son presuntos delincuentes sino no se perdería tiempo en investigarlos.
Aunque 80.000 individuos frente a 7,5 millones, no son representativos de nada, poco más del uno por ciento, preocupa que la UE los considere suficientes para calificar, en su caso, a Catalunya de estado non grato para integrarse en un club en el que el incumplimiento de la norma está proscrito. Téngase en cuenta que el gobierno de Polonia ha sido apercibido por no respetar las disposiciones de su Tribunal Constitucional. Catalunya no será apercibida, simplemente se le negará el acceso de entrada por sus antecedentes antisistema. Ni tan siquiera se le permitirá formalizar un tratado de libre circulación de personas y mercancías. Quedará aislada y encerrada en sus histerias insolidarias.
Los 80.000 gritaban “fuera, fuera, fuera la justicia” y a la vez reclamaban más democracia. Es un grave contrasentido: sin justicia la democracia se convierte en dictadura. Es increíble que ninguno de los 80.000 esté enterado de esto, su cultura política se declara deficiente.
A la vez, es aterrador que los mandamases separatistas estén propugnando un nuevo estado cuya clave de identidad sea la desobediencia jurídica. Parece que desean la independencia porque sueñan con un estado (estado en minúscula) sin leyes represivas ni coactivas ni reguladoras. Un estado donde no exista el Código Penal ni el respeto a los derechos del otro, un estado en que cada uno pueda hacer lo que le dé la gana sin que nada ni nadie se interponga, un estado, en definitiva, donde lo que impere es la anarquía, el libertarismo en su concepción más extensa.
Es curioso que se hable de elaborar leyes para configurar una estructura de estado, pero, del Código Penal y del Procesal se omite toda mención. Quizá pretendan un estado que pueda promocionarse como paraíso de los delincuentes.
El caso de la alcaldesa de Berga se ha convertido en epicentro de ese desbarajuste. Lo primero que manifestó fue que su detención era un ataque contra toda Catalunya. Los hechos y las formas de los separatistas conducen a pensar que son gente engreída y capciosa. ¿Quién se cree que es esta señora para arrogarse la personificación del manido discurso del martirologio colectivo catalán? La buena mujer en su fanática inocencia no se ha percatado que existe un principio universal de igualdad ante la ley y que su llamada de socorro al pueblo, evidencia exiguas condiciones de líder. Un líder ha de tener recursos para superar por sí mismo los líos en que se mete. Sin embargo, es problemático calibrar que evidencian los que atendieron la llamada.
M. Riera
