El Parlament de Catalunya tumbó este martes una propuesta de resolución del PPC que pedía a la Generalitat adoptar urgentemente las medidas necesarias para garantizar la neutralidad e imparcialidad política en todos los centros escolares de Cataluña sostenidos con fondos públicos. Además, proponía aplicar medidas correctoras y disciplinarias en los centros educativos que hayan permitido la presencia de propaganda política en sus instalaciones. La propuesta del PP contó con el respaldo de Ciutadans, però fue rechada por una aplastante mayoría formada por PSC, JxSI, CSQP y la CUP.
La propuesta rechazada surgió de una denuncia formulada el pasado mes de abril por el regidor del PP de Cardedeu, Jaume Gelada. El edil popular difundió en las redes sociales una fotografia de la Escola Les Aigües en la que se podia ver un cartel de la CUP en el que anunciava una charla sobre el sistema educativo. A partir de esta denuncia, se produjo una acalorado debate en las redes sobre si debía permitirse propaganda de partidos políticos a la puerta de los centros escolares públicos y que posteriorment fue recogido por el Partido Popular.
Durante el debate y la votación de esta iniciativa, que se trató en la Comisión de Educación, la diputada popular María José García Cuevas denunció, haciendo una clara referencia a Cardedeu, que “en determinados colegios se permite la colocación de carteles explícitamente políticos en las instalaciones escolares, que publicitan posicionamientos claramente partidistas”.
Y hizo hincapié en la gravedad de que el centro permita propaganda política o de actos políticos en sus instalaciones, “pues se está influyendo en los menores, induciéndolos a aceptar como más legítimas las opciones políticas publicitadas”.
La popular subrayó que el adoctrinamiento de menores en los centros educativos “es un hecho lamentable, que nos hace retroceder en calidad democrática, un comportamientopropio de regímenes totalitarios, que debemos rechazar y evitar”, y abogó por “garantizar de forma urgente a los ciudadanos que pueden enviar a sus hijos al colegio público tranquilos de que nadie los va a utilizar para aspiraciones políticas personales, ni los va a engañar generándoles una sensación de agravio y confrontación en relación a las instituciones y reglas de nuestro Estado de Derecho”.
