
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha abierto una investigación por un supuesto caso de malos tratos a un interno de la prisión de Quatre Camins , en la Roca del Vallès, y ha pedido a la Consejería de Justicia de la Generalidad la instalación de cámaras en todas las dependencias penitenciarias.
Según ha informado en un comunicado, esta petición nace de la queja de un interno del centro penitenciario de la Roca del Vallès que afirma haber sido objeto de un “uso desproporcionado” de la fuerza por parte del grupo de intervención especial.
Los hechos ocurrieron en el patio del departamento de sancionados a raíz de la contención a este interno ante su actitud provocadora, explicó el Síndic.
La queja se ha planteado en el marco de una visita del Síndic al centro dentro del Mecanismo Catalán de prevención de la Tortura (MCPT), y según la exploración médica que practicó la facultativa del MCPT, el afectado presentaba múltiples esquimosis -moratones-, que “pueden ser compatibles con mecanismos directos de contusión”.
En la resolución de la queja, el Síndic describe varios déficits encontrados en la actuación de la Administración, como la escasa concreción en el informe redactado por los funcionarios y la hoja asistencial médico, que no detalla con exactitud las lesiones ni el trato administrado.
Otra irregularidad ha sido, según el Síndic, la falta de comunicación inmediata de los hechos a la autoridad judicial competente; y también lamenta que no hubiera ningún intento de negociación ante el conflicto y optara directamente por la aplicación de medios coercitivos.
Ante esta “cadena de irregularidades”, el Síndic ha pedido que se instalen cámaras de grabación de imágenes en todas las dependencias de los centros penitenciarios donde los internos puedan sufrir vejaciones o malos tratos.
El objetivo es garantizar la profesionalidad y el rigor de los funcionarios en su comportamiento y al mismo tiempo protegerlos de las denuncias y acusaciones falsas.
También aconseja redactar los informes de los hechos con detalle minucioso de cada una de las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios y sin el uso mecánico de conceptos jurídicos indeterminados, que únicamente sirven para fundamentar la gestión de la fuerza física por parte de la administración.
Pide también fomentar “hasta el último extremo” el diálogo, la negociación y la mediación antes de solicitar la asistencia del grupo de intervención especial, así como comunicar de manera inmediata la aplicación de medios coercitivos al juez de vigilancia, entre otras recomendaciones.