
El título de este artículo resume su contenido. Si no les interesa no pierdan el tiempo, pero si les interesa compártanlo en las redes sociales, y si no coinciden conmigo para eso está la papelera…
Hay un viejo dicho en la edad de la mili que dice que la veteranía es un grado, por eso quienes tenemos la experiencia de haber vivido sabemos que la Historia no nació el día los Adanes, sino es una noria que no deja de dar vueltas sobre un mismo eje actualizado, pero que no ha cambiado.
Quienes hemos vivido y no perdido la memoria recordamos que a mediados de los 80, cuando Pujol era el rey del Mambo, diseñó un edificio territorial y administrativo que tenía por objetivo minar el poder de las Diputaciones a través de una estructura de Nueva Planta: los consejos comarcales.
Las cuatro diputaciones estaban controladas por el PSC, mientras que el mundo rural era convergente y, en consecuencia, los consejos comarcales eran el contrapoder a las Diputaciones. Es decir, de la Generalitat convergente. Sobre el papel tenía su lógica política, pero tenía un talón de Aquiles capital, ya que se había emperrado el virrey nacionalista de CAT: mientras que los presupuestos de las Diputaciones venían regulados por los Presupuestos Generales del Estado, que eran muy generosos con las administraciones provinciales que regulaban el poder de cada territorio y era una pieza esencial del soporte técnico no tanto a las capitales sino a las poblaciones medianas y, especialmente, para las pequeñas. Por el contrario los Consejos Comarcales viven de las aportaciones de la Generalitat por eso están en precario.
No era una cuestión de la Democracia; durante el franquismo las diputaciones eran las instituciones ricas de aquel Régimen político.
La corrupción en la dictadura era de diferente naturaleza a la de la democracia; no sólo porque había menos dinero disponible, sino porque en el franquismo no existía la profesionalización de la política. La profesionalización es una hija de la Democracia.
En el franquismo el alcalde de una ciudad mediana no tenía sueldo sino una asignación mensual de tres mil pesetas para gastos de representación que le asignaba el tesorero municipal, que tenía la plaza en propiedad ganada en una oposición pública. El alcalde le tenía que presentar las facturas del mes, y el tesorero validarlas. Un alcalde tenía que tener un patrimonio. El gobernador civil, que era quien lo nombraba, era lo primero que preguntaba a la terna de candidatos que presentaba el municipio y, por supuesto, tenían que ser adictos al Régimen, y a ser posible hijos de Caídos por Dios y por España.
En el franquismo la corrupción era inherente al sistema porque el poder y los negocios que destilaba procedían de los vencedores de la guerra y sus sucesores. Por el contrario, en Democracia la corrupción no está en el sistema, sino que es externa: son los usufructuarios del nuevo poder. Pero eso no fue inmediato. Durante los primeros de la Transición, en términos generales, no hubo escándalos. El pringue llegó como por osmosis: los hábitos de la vieja política, la codicia, llegó a la nueva.
De lo general a la Diputación: las diputaciones empezaron a llenarse de asesores de los partidos. Por eso cuando Ciudadanos ha planteado suprimir las Diputaciones los dos grandes partidos respondieron que naranjas de la china, con un argumento que comparto: que las diputaciones son imprescindibles no tanto para las capitales sino, especialmente, para las pequeñas que no tienen recursos ni para contratar a un ingeniero o un arquitecto.
Este argumento es de cajón, pero simplemente es la pantalla formal que esconde que las diputaciones son el reino de los enchufes políticos. El cementerio de los elefantes de los políticos provinciales. Una propuesta así sólo podía venir de un partido nuevo que no tiene estas adherencias viejas. También lo podía haber propuesto Podemos, pero fue Ciudadanos quien se adelantó y la tiene como marca de partido.
Las diputaciones no pueden desaparecer porque los pueblos de menos de cinco mil habitantes lo necesitan como el agua de mayo, pero lo que ningún pueblo necesita son los cagamandurrias de los asesores políticos que tienen ese premio ya que no han podido acceder a los cargos electos. Son cargos digitales bien remunerados sin otra función que vivir de la política.
Hablo de un ahorro de millones de euros, no de la cajeta del limosnero. Por eso grito: ¡Vivan las Diputaciones y Abajo las regalías!
Roberto Giménez