El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Barcelona que condenó a 30 años de prisión, con un límite máximo de cumplimiento de 15 años, a un profesor de Primaria por haber cometido abusos sexuales a seis niñas de entre seis y ocho años de las escuelas de Campins y de Puig Drau, de la Zona Educativa Rural del Montseny. En la sentencia, el tribunal también ha condenado el profesor, Jordi A. C., a una pena de libertad vigilada durante siete años desde el momento que salga de la cárcel, a indemnizar con 10.000 euros cada una de las menores a través de sus representantes legales y lo inhabilita para ejercer como profesor durante diez años más.
La Audiència y el Supremo también han declarado la Generalitat como responsable civil subsidiaria del pago de las indemnizaciones a las menores por que el acusado estaba adscrito como funcionario al Departamento de Enseñanza y los hechos se cometieron en un centro escolar público y en horario lectivo.
Los hechos se remontan a febrero de 2013, cuando una de las víctimas alertó a su madre de los abusos. Durante una exploración en el hospital de Can Ruti de Badalona para comprobar que lo que decía la niña era verdad, salieron los nombres de otras posibles víctimas. Así, las familias de las víctimas denunciaron los hechos en julio y el juez imputó el maestro después de tomarle declaración.
El Supremo concluye, como la Audiencia, que el acusado cometió seis delitos continuados de abuso sexual durante los cursos 2011 y 2013. Así, los magistrados dan validez al relato de las víctimas y en la sentencia consideran probado que el maestro hizo tocamientos a las niñas en la zona genital y las invitaba a sentarse en su regazo durante las actividades de lectura o de juegos.
En su sentencia, la Audiencia sostenía que «cuando una menor de edad es sometida a un abuso sexual de forma continuada, viciada por una relación de abuso de superioridad con incapacidad para poder reaccionar, está sufriendo un ataque muy grave a su dignidad y autoestima, lo que provoca daños psicológicos «. Los magistrados apuntan a que cinco de las alumnas tuvieron que cambiar de escuela, tuvieron que someterse a sesiones psicológicas y que, al tener que cambiar de escuela, modificaron su proyecto de vida, ya que algunas cambiaron incluso de domicilio. «Los hechos son graves, las edades cortas y, aunque no se aprecian secuelas psicológicas, los peritos no descartan su posible influencia en su desarrollo sexual futuro», se señalaba en la sentencia inicial.
El tribunal también apuntaba que no hay «ninguna prueba ni indicio» que las niñas quisieran «ir en contra de su profesor», ya que ninguna circunstancia avala una tesis conspiratoria ni por parte de las chicas ni de sus familias.
