El Ayuntamiento de Granollers instará al BBVA y a la Sareb a que retiren los procedimientos judiciales iniciados contra cuatro familias de Granollers y a que negocien con ellas un alquiler social a un precio asequible. Esta moción presentada por ICV-EUiA, a petición de la PAH Granollers, fue aprobada en el último pleno municipal celebrado el pasado martes, 31 de marzo. En el pleno estaban presentes diferentes representantes de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Granollers.
En la moción que salió adelante con los votos del PSC, ICV-EUiA y ERC-AG, y la abstención de CiU y PP, se afirma que “Las viviendas pierden su función social con la desocupación permanente e injustificada. No es admisible que las entidades financieras prefieran mantener vacías las casas que ceder su uso para satisfacer casos de primera necesidad”.
En la misma el Ayuntamiento de Granollers se compromete a realizar las gestiones “pertinentes con los órganos de las administraciones públicas competentes para que estas familias puedan acceder de forma urgente a una vivienda de emergencia, en caso de que no dé resultados positivos la mediación con el BBVA y la Sareb”.
También se acuerda que el Ayuntamiento de la capital vallesana trabajará conjuntamente con la PAH, el movimiento vecinal y la sociedad civil de Granollers “para conseguir una solución adecuada a la necesidad de vivienda de los vecinos y vecinas de Granollers, incluyendo el acceso a los servicios básicos, agua y electricidad. Trabajará también para que las personas realojadas en viviendas propiedad de entidades bancarias puedan ver regularizada su situación”
El pasado día 23 de marzo, decenas de personas se concentraron ante los Juzgados de Granollers, donde tuvo lugar la vista contra una de las familias afectadas. Se trata de Soubi Boiro y Makou Sabaly, que junto con la hija de ocho años, la Makou, comparten vivienda. El BBVA, en este caso, llegó a un acuerdo con ellos ante el juez, consistente en que no pedirá el desahucio hasta el 2 de julio para dar tiempo a la actuación de la administración pública. Este era el primer caso que se juzgaba de las cuatro familias afectadas.
Foto: concentración el pasado 23 de marzo ante los juzgados de Granollers
