Visto para sentencia el juicio contra el actual alcalde de Lliçà d’Amunt, Ignasi Simon, el exalcalde de ERC, Joaquim Ferriol y los cinco concejales y exconcejales Francisco León (ICV), María Marcos (no adscrita), Pere Grau (CiU), Fernando Miralles (ERC) y Ferran Gellida (ERC). Este viernes, 27 de marzo, en el juzgado penal número 3 de Granollers se reanudo el juicio, por un presunto delito cometido por todos ellos al haber permitido vertidos de aguas residuales en un torrente del municipio. El pasado día 12 se llevó a cabo la primera parte del juicio y quedó pendiente para hoy la declaración de todos los cargos municipales.
Finalmente, tras la vista, la Fiscalía de Medio Ambiente no ha variado su posición y ha decidido mantener la petición de 18 meses de prisión e inhabilitación para cargo público y multas de 10.800 euros por los acusados. El fiscal considera que los acusados optaron por la vía «cómoda y barata» al decidir culpar la ACA de unos vertidos que se venían produciendo desde hacía muchos años. Añadió que «el problema no entiende de competencias» y que en realidad se trata de una omisión por parte del Ayuntamiento de arreglar la situación.
En el turno de conclusiones, ha puesto de manifiesto que la recogida de muestras hizo «más que evidente» que las aguas fecales circulaban libremente por el Torrent de Paiaigua y que contaminaban una mina y un pozo situados en una zona cercana. En este sentido, añadió que «es de cajón que el fiscal no se traga que el Ayuntamiento no podía hacer nada». «Los acusados querían que el presupuesto municipal no se elevara y que fuera otro organismo que se hiciera cargo de la inversión», espetó.
Los siete acusados mantuvieron en bloque la argumentación municipal de que el Ayuntamiento no podía hacer nada en relación a los vertidos al torrente porque las competencias eran de la ACA, que es el organismo que acabó construyendo los colectores en 2010. El alcalde Ignasi Simón dijo que su gobierno «tenía muy claro» que el vertido se había de parar y que por eso «presionaron» a la ACA para acelerar la construcción de los colectores.
Según indicó, «la ACA no te deja tocar nada si no te autoriza». El alcalde, por su parte, explicó que mientras la ACA no actuaba, el Ayuntamiento limitó las licencias de obras del barrio para no empeorar la situación del torrente. Simón añadió que en 2008 se fijó en los presupuestos una partida de 800.000 euros – que tenían que venir del ACA- para hacer las obras.
El ex alcalde Joaquim Ferriol, que ocupó el cargo de 2003 a 2007, explicó que durante su mandato también se pidió a la ACA «que actuara y acelerara las obras de los colectores».
Foto: Final de la calle Penedès que discurre junto al torrente Paiaigua, en la urbanización de Ca l’Artigues
