La constitución que se ha montado el juez es onírica. Basta una rápida ojeada para descubrir que no es más que una ingenuidad o una astucia cicatera para seducir.
La Generalitat desaparece. Se carga una institución secular y distintiva de la que los catalanes están orgullosos. Quizá la considera una creación del antiguo régimen.
Desincentiva a los ciudadanos a formarse y a buscar empleo al constitucionalizar una renta mínima garantizada y, a su vez, proteger un nivel mínimo de ingresos familiares. Asegura fuertes flujos de inmigración y de emigración.
Se inmiscuye en la organización familiar al introducirse en el reparto de las tareas del hogar.
Pone en duda la capacidad de los padres al encomendar al Estado que garantice el desarrollo integral de niños y niñas hasta su mayoría de edad.
Responsabiliza a España de que los catalanes puedan seguir siendo españoles. No contempla la posibilidad de que los catalanes renuncien a la sobrevenida nacionalidad catalana.
Atribuye nulidad a los Tratados europeos al dar por hecho sin reserva alguna que los catalanes seguirán siendo ciudadanos UE con todos los derechos.
Elimina variados festejos populares, entre ellos los carnavales, al decir que nadie podrá llevar el rostro oculto en su totalidad.
Garantiza la libertad de prensa, pero, no acaba con las subvenciones públicas a los medios de comunicación.
Establece la democracia asamblearia. Los ciudadanos podrán, incluso, participar en el debate de los presupuestos.
Restringe que mucha gente válida se dedique a la política al disponer que el salario de los cargos electos, no superará 10 veces la renta mínima.
Permite a los ciudadanos llevar al juzgado al político que no cumpla su programa electoral. Con ello, prohíbe la flexibilidad operacional y la adaptación a las circunstancias de cada momento. A lo largo de cuatro años un programa electoral puede quedar obsoleto por el simple paso del tiempo.
Establece que todos los poderes públicos estarán obligados a disponer de pisos en régimen de alquiler social, en número equivalente al 10% del parque construido de cada municipio. Considerando gobierno, veguerías y ayuntamientos, un 30% de los pisos de Catalunya serán para uso social.
Garantiza las prestaciones (las cuales elude mencionar) de la Seguridad Social en régimen de proporcionalidad equitativa a la contribución realizada. No prevé qué ocurrirá cuando la contribución se haya realizado en España.
Traspasa una función netamente constitucional a la Agencia Tributaria al establecer que ésta garantizará los principios de igualdad y proporcionalidad de los impuestos.
A la política exterior y diplomática sólo le atribuye velar por el derecho de autodeterminación de los pueblos. ¿Qué pasa con la solidaridad y la cooperación?
El cargo de Síndico Local no será retribuido. ¿De qué vivirá esa gente? El artículo fomenta la corrupción.
Las tasas judiciales se fijarán de acuerdo con la capacidad económica del litigante. La demanda tendrá que acompañarse de la Declaración de Renta.
Los catalanes que, por una u otra razón, quieran libre y democráticamente conservar sus relaciones personales y colectivas con “nuestros hermanos“ de la península ibérica, tendrán derecho a hacerlo. Surrealista artículo, ¿qué intenta decir en realidad? Desprende totalitarismo en estado puro.
El euro será la moneda de curso legal. Le falta añadir “siempre y cuando la zona euro y el BCE lo consientan y se cumplan las condiciones”.
Catalunya quiere pertenecer a la ONU y a la UE. En la UE quiere, a la mayor brevedad, ser el Estado número 29. Entre querer y poder existe un abismo infranqueable que se llama unanimidad de todos los Estados miembro para ser admitida.
Catalunya no tendrá ejército. Catalunya será pacifista. Catalunya se transformará en un reducto hippy.
Etcétera…
M. Riera
