29 de los 43 ayuntamientos de la comarca del Vallès Oriental pagan tarde a sus proveedores, es decir más allá de los 30 días fijados por Ley. Algunos de ellos lo hacen extremadamente tarde. Tanto que se colocan entre los municipios que más tarde pagan en toda la provincia de Barcelona. El que más tarde paga en toda la comarca es La Llagosta cuyos proveedores deben esperar, pasado el plazo de 30 días, otros 108 para cobrar. Es decir pasan 138 días entre la presentación de la factura y su liquidación. Los proveedores de Mollet cobran con 87’3 días de retraso y los de Montmeló en 74’9. Eso coloca a estos tres municipios en las posiciones segunda, tercera y quinta de los municipios de toda la Provincia de Barcelona que más tarde pagan.
La capital del Vallès Oriental, Granollers, está en séptima posición en el ranking comarcal y acumula un retraso en sus pagos de 26’8 días.
En sentido contrario existen 13 ayuntamientos de la comarca que pagan antes del plazo legal previsto de 30 días. El que antes satisface sus facturas es Sant Antoni de Vilamajor que las liquida 21’9 días antes del límite. Es decir pago 8 días después de presentada la factura. Los otros dos municipios vallesanos que mejor pagan son Vallromanes (14’5 días antes) y Santa Maria de Martorelles (11’4)
Los datos han sido publicados este martes por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y corresponden al mes de septiembre.
El cálculo del plazo de pago a los proveedores lo calcula los ayuntamientos desde el momento en que la factura entra en registro, de modo que los 20 días incluyen la tramitación de la petición de pago, su comprobación y liberar el abono de la cantidad debida. En este sentido, hay que tener en cuenta que muchos ayuntamientos contabilizan el tiempo que tardan en pagar una factura en el momento en que se aprueba la factura.
Se trata de la primera vez que se dan a conocer estos datos, después de que el Gobierno aprobara el pasado mes de julio el Real Decreto que desarrolla la nueva metodología de cálculo del período medio de pago, que obliga a todas las Administraciones a calcular y publicar lo que tardan en pagar sus facturas, para comprobar si cumplen con lo previsto en la normativa de morosidad.
Las comunidades autónomas y entidades locales que no paguen a sus proveedores en el plazo máximo establecido están obligadas a informar de los recursos que van a dedicar mensualmente al pago a proveedores y adoptar las medidas necesarias de gasto, ingreso o gestión de cobros y pagos para reducir su PMP. En caso de continuar incumpliendo, el Estado se hará cargo de las facturas reteniéndose del sistema de financiación a la administración territorial afectada.
