La encuesta Advisoria del trimestre entre los empresarios del Vallès Oriental y el Maresme dejó en evidencia que el sistema de pagos entre las empresas está en estos momentos bastante normalizado y a grandes trazos se cumple la Ley de Morosidad. Eso sin embargo sucede sólo entre empresas. Las administraciones públicas- Ayuntamiento, Generalitat- son las que más incumplen la Ley que obliga a pagar las facturas entre 30 y 60 días. Esto, señalan los empresarios, sigue siendo un elemento que distorsiona la economía de las Pymes.
En esta ocasión a los empresarios encuestados por Advisoria se les preguntó sobre el plazo de cobro y pago de las facturas que emite y que recibe su empresa. Casi la mitad de los empresarios, un 46%, afirman que cobran las facturas que emiten en un plazo de entre 30 y 60 días y un 35% dicen que cobran de sus clientes en más de 60 días.
En cuanto a las facturas que los empresarios del eje Vallès-Maresme pagan a sus proveedores, un 64% lo hacen entre 30 y 60 días, cumpliendo los plazos establecidos para la Ley de Morosidad y sólo un 8,75% afirman pagarlas a más de 60 días. Este desajuste de 18 puntos entre el porcentaje de empresarios que cobran antes de 60 días y los que pagan antes de 60 días, probablemente se debe a que el 29% los empresarios que afirman tener clientes en la administración pública, pagan más tarde a sus Proveedores por que la demora de la administración les provoca problemas de tesorería. Del 29% de los empresarios que afirman tener clientes a la administración pública, un 80% afirman que la administración pública les paga mucho más tarde que el sector privado.
Según el Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial de Cepyme, las pymes españolas, el segundo trimestre del año, cobraron las facturas en un plazo medio de 80,8 días y las empresas del sector de la construcción son las que más tardan en cobrar sus facturas, seguidas de las pymes del textil..
Para Manel Fernández, socio de ADVISORIA, “la morosidad es, probablemente, el obstáculo más importante para la confianza en el mercado. Las medidas que se toman, cuando se toman, son insuficientes y se neutralizan por la ineficacia y falta de recursos de la Administración de Justicia y ahora, aún más, con el peaje que suponen las tasas. Pero, por si esto fuera poco, lo que resulta completamente inverosímil es que la propia Administración Pública sea la máxima incumplidora de las medidas legislativas para evitar la morosidad. Si no puedes confiar en tu propio gobierno (local, autonómico o estatal), el mercado se convierte en una selva sin ley, un entorno de elevado riesgo y esto no favorece la inversión “.
