ORIOL SERRA
Una de las caras más visibles de la crisis económica son los afectados por las ejecuciones hipotecarias. Personas que, ante la imposibilidad de seguir pagando sus respectivas deudas al banco, se ven echadas de sus casas. Se trata de situaciones cada vez más habituales, y para hacerles frente el Col·legi d’Advocats de Granollers ha movido ficha y ha sumado esfuerzos con el Ayuntamiento. Ambas partes han constituido la Oficina d’Intermediació Hipotecària, un ente que tiene como objetivo asesorar y orientar a los afectados por estos procesos, así como ejercer de mediador entre el interesado y la entidad bancaria. El alcalde, Josep Mayoral, los regidores de Urbanismo y Servicios Sociales, Jordi Terrades y Maria del Mar Sánchez, y el decano del colegio de abogados, Josep Medina, presentaron la oficina de intermediación el pasado viernes en el propio Ayuntamiento.
Uno de los objetivos de esta oficina, indican fuentes municipales, es “detectar el problema desde el principio”. De esta manera, “los abogados podrán intermediar con las oficinas bancarias para poder encontrar una solución a medida de cada problemática”. Durante una entrevista concedida meses atrás a Revista del Vallès, el propio Medina reconocía que dicho ente “no podrá solucionar la totalidad de los problemas”, pero “una sola solución ya es un éxito, porque hablamos de una familia que no será echada a la calle”. El Col·legi d’Advocats registró el año pasado 283 ejecuciones hipotecarias en la comarca, lo que supuso un aumento de 51 respecto a 2010. De este total, 224 se tramitaron en los juzgados de Granollers, mientras que el resto lo hicieron en Mollet.
LA PAH SE MOVILIZA
Por otra parte, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Granollers ha vuelto a movilizarse esta semana contra un nuevo desahucio. Se trata de una mujer que responde a las iniciales O.C. y sus dos hijos –uno de ellos de edad inferior a un año-, vecinos del número 302 de la calle Girona de Granollers y afectados por el impago de una hipoteca contraída con la entidad BBVA. La PAH ha alertado de una “amenaza de desahucio” prevista para el 12 de julio, fecha en la que sus militantes tienen previsto concentrarse frente a la vivienda para intentar evitar su ejecución.
