JORDI ABAYÀ
El Consell Comarcal vuelve a atravesar un delicado momento financiero a causa de las deudas que tiene con él la Generalitat de Catalunya. El pasado viernes el presidente del Consell Comarcal del Vallès Oriental, José Orive, cifró la deuda de la Generalitat con la comarca en unos 9 millones de euros. Se trata de la más elevada en los últimos meses. En otoño, la deuda era de siete millones. Orive avisó que si la Generalitat no les abona en las próximas semanas en junio tendrán dificultades para pagar.
PROBLEMAS PARA LOS PROVEEDORES
Los primeros perjudicados en el caso de que la tesorería del Consell Comarcal tenga dificultades para hacer frente a sus compromisos serán los proveedores. “En caso de que no llegue el dinero se deberá ver hasta dónde pueden aguantar los proveedores sin cobrar por mantener el servicio”, comentó Orive. El Consell Comarcal tiene competencias en servicios sociales, transporte escolar, transporte adaptado y ayudas de comedor escolar. Todos estos servicios los presta en nombre de la Generalitat y recibe recursos finalistas para estos fines. Orive pidió a la Generalitat que planifique los pagos porque “no podemos estar siempre con esta angustia”. Orive explicó esta situación a la salida de un Consell d´Alcaldes del Vallès Oriental, que se celebró en El Campanar de Canovelles y tuvo, como cabía esperar, un marcado trasfondo económico. Los alcaldes – participaron 31 de los 43 de la comarca – hablaron de mancomunar servicios y trabajar en red para poder economizar recursos económicos sin dejar de prestar servicios. Según Orive el encuentro sirvió para que los alcaldes expresaran la voluntad de colaborar entre ellos. El presidente dijo que hay una mayor demanda social de servicios pero también menos recursos, con lo cual “la única manera de garantizar los servicios es mancomunándolos”. En esta línea, en el Consell de Alcaldes se habló de servicios concretos que ya se ofrecen de forma conjunta. En concreto se habló del Servei d´Atenció Domiciliària (SAD) que se presta en la actualidad a 15 municipios o del Servei d´Assessorament medioambiental que ya se presta a otros diez.
En el mismo plenario también se aprobó una resolución en la que se pide la participación del territorio en la comisión que quiere cambiar la reglamentación de los mercados sedentarios y se dio cuenta del proceso de absorción del Consorci de Turisme.
Los Ayuntamientos cobran los 21 millones previstos
José Orive, no estaba el pasado viernes, día 20, satisfecho como presidente del Consell Comarcal, pero sí como alcalde de Canovelles. Este mismo día su ayuntamiento había recibido 1.466.435 euros de la Diputación de Barcelona, lo que liquida la mayor parte de las deudas que la administración de la Generalitat tenía contraídas con su ayuntamiento a 31 de diciembre de 2011. No era el único alcalde satisfecho en este sentido. Entre el día anterior y ese mismo viernes, la totalidad de los ayuntamientos de la comarca habían recibido confirmación de los ingresos a cuenta del Pla Extraordinari d´Assistència Financera Local. En conjunto los 43 ayuntamientos de la comarca han recibido un total de 21 millones de euros que servirán para liquidar muchas de las deudas con proveedores. Así por ejemplo Caldes recibió 1.659.630 euros; Les Franqueses, 1.655.876; Bigues i Riells, 1.234.019, o Sant Celoni, 1.046.913 euros. Como en toda regla, la satisfacción entre los alcaldes no era general. Así el de Martorelles, Romuald Velasco, se mostraba insatisfecho con los 161.868 euros recibidos de la Diputación. Para este municipio que está acometiendo obras a cuenta del Pla de Barris, la cantidad sólo supone un 25% de lo adeudado por la Generalitat. Es también el problema de los dos mayores municipios de la comarca: Granollers y Mollet. El primero recibió 1.037.742 euros a cuenta de los más de 9 millones que le adeuda la Generalitat, mientras que el segundo recibió 798.004 euros para una deuda también millonaria. Estos ayuntamientos confían en una ampliación del Pla Extraordinari, actualmente dotado con 168 millones de euros, con otros 30 suplementarios que servirían, según se comprometió el presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve, para subsanar estas diferencias. En ambos municipios, según las normas del Pla Extraordinari, existe un límite de pagos situado en 5 millones de euros. En cualquiera de los casos, esta cifra supondría liquidar más de la mitad de la deuda.
