ORIOL SERRA
A la planta de Derbi “se le agota el tiempo”. Lo dijo el pasado viernes el alcalde de Mollet, Josep Monràs, que visitó las instalaciones junto con la eurodiputada socialista Maria Badia. Monràs se refería a la inminencia del posible cierre de la factoría: en tres meses y medio, vence la moratoria acordada en julio del año pasado entre la matriz italiana Grupo Piaggio y el comité de empresa vallesano. Una moratoria que evitó entonces el cierre de la fábrica y durante la cual Piaggio no solamente se comprometía a mantener la actividad en Martorelles hasta el próximo 31 de julio, sino también a elaborar un plan industrial que garantice el futuro de la planta una vez pasada esta fecha y trasladada a Italia la fabricación de motocicletas.
En un principio se habló de vender las instalaciones a una tercera empresa, pero la multinacional cambió de opinión meses después y manifestó su intención de mantener la titularidad de la planta más allá del mencionado 31 de julio para pasar a fabricar en ella recambios y componentes para sus motocicletas. No obstante, todas las alarmas saltaron el pasado mes de febrero, cuando Piaggio amenazó con echarse atrás si la Generalitat no aumentaba la subvención hacia su nuevo plan industrial. Una exigencia no asumible por la administración, que ya había pagado el 25% del coste total del proyecto, el máximo permitido por la Unión Europea.
Dos meses después, y con la continuidad de Piaggio en Martorelles ya descartada, la única opción posible para salvar la planta vuelve a ser su venta a una tercera empresa. En este sentido, el director general de Derbi, Pedro Quijada, explicó a Monràs y Badia que tres grupos inversores se han interesado por las instalaciones, aunque a fecha de hoy todavía no existe “ninguna respuesta en firme” por parte de ninguno de ellos. A lo que Monràs apuntó posteriormente que “ahora ya no podemos seguir hablando de negociaciones: el objetivo son los 140 trabajadores y sus respectivas familias, que son quienes están detrás de la empresa”.
“La solución”, añadía Badia, “no es mover las empresas de un país a otro, sino todo lo contrario: los países de la Unión Europea que mejor aguantan la crisis son quienes mantienen su industria”. Por este motivo, la eurodiputada apostó por una política industrial común en el seno de la UE. Monràs y Badia se entrevistaron también con representantes del comité de empresa, a quienes la eurodiputada prometió “buscar apoyo en el Parlamento Europeo, especialmente entre mis compañeros italianos, dado que esto no es un problema entre España e Italia, sino de alcance europeo”.
