JORDI ABAYÀ
El consistorio de Santa Eulàlia de Ronçana presidido por Joaquim Brustenga (CiU) ha decidido comunicar a la Oficina Antifrau, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya y a la Sindicatura de Cuentas de Madrid, las “graves irregularidades en la gestión económica y contable” cometidas por el anterior gobierno de Ind-ERC presidido por Enric Barbany. El Ayuntamiento ha facilitado a estos organismos fiscalizadores una exposición detallada de las cuestiones que a su criterio “podrían ser contrarias a la ley” con el objeto de que tengan conocimiento de la situación y actúen en consecuencia. Al parecer se trata de una relación de facturas sin contabilizar en la anterior etapa.
El anuncio de esta medida, que introduce dudas sobre la gestión del anterior gobierno de Santa Eulàlia, se produce unos días después de que gobierno y oposición se enzarzaran en una nueva polémica a cuenta de las cuentas municipales. En el último pleno municipal, celebrado el pasado día 29 de marzo, el gobierno presidido por Brustenga aprobó el plan de ajuste para poder hacer frente a las deudas que se mantienen con los proveedores. El Ayuntamiento de Santa Eulàlia mantiene 1.700 facturas pendientes de pago que ascienden a la suma de 3.178.799 euros. La aprobación se hizo con los votos exclusivos de los grupos del gobierno, CiU y PP, y la ausencia de los representantes de la oposición Ind-ERC, PSC y ICV-EUiA. Los representantes de estos grupos municipales, previamente al pleno, anunciaron su disconformidad con la convocatoria coincidiendo con la Huelga General y anunciaron que únicamente asistirían sus portavoces. La cuestión del plan de ajustes, que no figuraba inicialmente en el orden del día, fue incluido a última hora por el gobierno en el apartado de temas urgentes y sobrevenidos, lo que fue muy mal recibido por parte de los representantes de la oposición. Estos argumentaron que al estar ausentes parte de los regidores no podía votarse la urgencia y anunciaron que la impugnarían si el gobierno la sacaba adelante. Los tres grupos opositores consideran que el gobierno Brustenga, con la urgencia, estaría conculcando “conscientemente los derechos de los regidores de la oposición y de sus electores para el correcto ejercicio de las funciones de control” al no dejarles el tiempo suficiente para analizar el plan de ajuste. El gobierno alega que ya informó a la oposición de que utilizaría la vía de la urgencia ante la “imposibilidad material de tener toda la documentación lista”. El consistorio considera que los regidores de la oposición “de manera deliberada se ausentaron del pleno sabiendo que podían poner en peligro el sistema de financiación para pagar a los proveedores”. El gobierno recuerda que el plazo para presentar el plan de ajuste se acababa este día 30 “y en caso de que no se presentara, el Estado unilateralmente podría retener las aportaciones para garantizar el retorno, con lo cual la economía municipal aún quedaría en peor situación a como está”.
