JORDI ABAYÀ
Un grupo de vecinos de Can Rovira Nou acudieron este miércoles al pleno municipal de Lliçà d´Amunt. El motivo de su presencia era confirmar o desmentir la noticia que en los últimos días ha circulado por el barrio de que el gobierno de Ignacio Simón, dentro de su política de recortes del gasto público del Ayuntamiento, ha decidido cerrar el local social que gestiona la Asociación de Vecinos y que cuenta con un servicio de bar gestionado por unos particulares. Hace unos días, el Ayuntamiento de Lliçà d´Amunt envió una carta a la Asociación de Vecinos donde les comunicaba su voluntad de no seguir pagando los gastos de suministro del local. Según esta carta, a partir del día 30 de marzo, ya no harán frente a los pagos del agua, la electricidad y el teléfono. La carta, según explicaba un miembro de la Junta del barrio a esta revista, se ha interpretado como una intención clara de cierre de un equipamiento que lleva muchos años abierto y es un lugar de encuentro de las familias del barrio. El domingo, ante esta situación, los vecinos convocaron una reunión en el local en que se decidió oponerse al cierre de las instalaciones y acudir al pleno municipal. El Ayuntamiento, sin embargo, niega que se quiera cerrar el local social de Can Rovira Nou. “En ningún momento se ha planteado esta opción”, señalan. Explican que lo único que se ha comunicado a la Asociación de vecinos es su intención de no seguir pagando – como han hecho hasta ahora – los gastos de suministro generados por el servicio de bar que está regentado por unos particulares. El Ayuntamiento considera que no se puede pagar con dinero público lo que constituye una actividad privada y concluye que con su decisión “el uso social del local y las actividades que en él se realizan gestionadas por la Asociación de vecinos en ningún caso quedan afectadas”. El Ayuntamiento, además, manifiesta su postura abierta a dar todas las explicaciones que se requieran sobre esta cuestión.
Hace unas semanas el consistorio de Lliçà d´Amunt aprobó unos presupuestos municipales del 2012 que representan una reducción del gasto público en un 30%. Esto implica recortes en casi todas las partidas, incluida la que se destinaba a los equipamientos de los barrios.
