ORIOL SERRA
La puerta de acceso al ascensor que da a la calle Esteve Terrades, aproximadamente a la altura del cruce con Serret Argemí, se encuentra en un evidente mal estado como consecuencia de la falta de mantenimiento, lo que no invita precisamente a tomar el ascensor. “Hace como mínimo ocho años que no funciona”, apunta un vecino de estos pisos de protección oficial. Otra vecina, que responde a las iniciales R.P., va más allá y dice que “nunca ha funcionado”. Sea como sea, esta puerta abollada no es más que el síntoma más visible de un problema que estos vecinos están viviendo de puertas adentro: pisos en mal estado y la imposibilidad de comprarlos pese a haberlo acordado años atrás con la Agència de l’Habitatge de Catalunya –antigua ADIGSA- y el INCASOL, administradora y promotor respectivamente de las viviendas en cuestión.
Josué Dueñas es uno de los vecinos con más antigüedad en la promoción. Llegó en 1996, poco después de su inauguración, y afirma que desde entonces “siempre han habido problemas, y en muchos casos éstos todavía perduran”. ¿Qué clase de problemas? “De todo tipo: goteras, persianas que no funcionan, interruptores que se caen al suelo” o lo que es más grave, “una grieta de cinco centímetros de anchura atraviesa nuestro balcón en diagonal, lo cual francamente da miedo”. ¿Más problemas? Diversos vecinos denuncian que “nos entra agua al comedor a través de los balcones”, y R.P. incluso asegura que “en mi casa se está cayendo el techo del comedor”. Por este motivo, explica Dueñas, en 2003 las 50 familias afectadas pidieron al Incasol un crédito para llevar a cabo ellas mismas las reparaciones pertinentes en sus respectivas viviendas, “dado que ellos no lo hacían”.
El crédito les fue concedido mediante un contrato que contemplaba también la posibilidad de que los vecinos que lo desearan pudieran optar a comprar su piso al cabo de ocho años –en 2011-. “La única condición era estar al día en los pagos: ante cualquier cuota devuelta, te retiraban la opción de compra y podían echarte del piso”, añade Dueñas. Para establecer el precio a pagar por cada piso, se restaba del precio real la cantidad acumulada que cada vecino había abonado ya en concepto de alquiler. Lo cual dejaba el precio medio final en “alrededor de 65.000 euros”. El problema surgió llegado 2011: diversas familias habían sido desahuciadas o habían abandonado sus respectivas viviendas por otros motivos. De las que quedaban, 24 reclamaron su derecho a comprar los pisos. A la mitad se les concedió, a la otra mitad no, “y no sabemos por qué”.
“Es cierto”, reconoce Dueñas, “que la docena de afectados hemos devuelto alguna cuota en algún momento”. Pero “las doce familias que sí han podido comprar también habían incumplido estas cláusulas: es normal porque todos somos familias con pocos recursos”. En otras palabras, “partiendo de las mismas condiciones ha habido gente que ha podido comprar y otra que no”. A lo que hay que añadir que “actualmente estamos pagando una media de 450 euros mensuales en concepto de alquiler, mientras que hay nuevos inquilinos que pagan 326”. Por todo ello, los doce afectados se sienten “discriminados” por parte de la Agència de l’Habitatge y el INCASOL.
“Nos han estado engañando durante casi diez años”, lamenta R.P., “porque de haber sabido que acabaríamos así nos hubiéramos buscado otro piso en otra parte”. En cambio, “nos hemos gastado nuestro dinero en arreglar unos pisos que ahora no podemos comprar”. A lo que Dueñas añade que “hechas estas reformas que nosotros hemos pagado, los pisos han ganado valor”. Por este motivo, piden a la Agència de l’Habitatge que deje de hacer oídos sordos y les dé explicaciones, y “que se nos vendan nuestras viviendas en las condiciones que pactamos inicialmente”. El pasado martes, los vecinos afectados se manifestaron en el centro de Granollers aprovechando la celebración de un acto en el que se encontraba presente el alcalde, Josep Mayoral, a quien expusieron su situación.
Fuentes de la Agència consultadas por esta revista reconocen que “entre 2009 y 2012 hemos recibido 24 avisos de incidencias sobre los que ya se ha actuado, a excepción de siete que se derivaban de causas ajenas a nosotros”. Las mismas fuentes admiten también que “hay un ascensor fuera de servicio”, un hecho que atribuyen a “problemas de incivismo”. En cuanto a las diferencias en las cuotas de los alquileres, “a cada vecino se le aplican en función a las condiciones vigentes cuando firmó el contrato de alquiler”. Finalmente, insisten en que “la condición para comprar era estar al día en los pagos, por esto hay quien puede comprar y quien no”. A lo que añaden que “es falso que quienes han podido comprar también tuvieran cuotas pendientes”.
