ORIOL SERRA
Isabel Milrado y su hijo, David Prieto, podrán permanecer en su piso de la calle Rafael de Casanova, en Granollers, hasta el 16 de mayo. Consiguieron esta moratoria el pasado viernes, justo en el momento en que un cerrajero se personó en el domicilio para llevar a cabo el desahucio que habían temido durante meses. Un desahucio que llegaba como consecuencia de una larga y turbulenta historia que desembocaría en una deuda contraída con la entidad bancaria Bancaixa, a la que Isabel y David no pueden hacer frente: ambos se encuentran en el paro y no disponen de ningún recurso. Y un desahucio contra el que madre e hijo contaron con un importante apoyo popular: alrededor de cien personas, entre vecinos, conocidos y miembros de colectivos como los Indignados o la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) se concentraron el viernes por la mañana frente al inmueble para evitar que los echaran del piso donde Isabel ha vivido desde 1978.
Ha sido precisamente la PAH la entidad que ha gestionado directamente el caso de Isabel y su hijo, buscando asesoramiento jurídico y convocando movilizaciones como la del viernes. Fuentes de la plataforma valoran “positivamente” el aplazamiento del desahucio, y explican que el tiempo ganado servirá para “negociar con el banco la dación en pago y la posibilidad de que Isabel y David puedan vivir en el piso en régimen de alquiler social, una vez haya vencido la moratoria y Isabel cobre el PIRMI”. Una prestación que la afectada se encuentra pendiente de percibir pese a habérsele concedido: “En Servicios Sociales del Ayuntamiento me confirmaron que lo tengo aprobado desde el pasado mes de mayo, pero todavía no he cobrado nada”. Isabel, de 55 años, y David, de 32, ya se habían enfrentado a un desahucio a principios del mes pasado, pero en aquella ocasión consiguieron una moratoria de un mes que vencía el pasado viernes.
AUMENTAN LOS DESAHUCIOS
El caso de esta familia granollerense no es el primero ni el último de este tipo que se vive en la comarca. Desde el estallido de la crisis en 2008, cada vez son más las familias que se encuentran sin recursos económicos con los que afrontar hipotecas. Lo que tarde o temprano se acaba traduciendo en una orden de desahucio. Según datos del Col·legi d’Advocats de Granollers, el año pasado se registraron en la comarca un total de 283 ejecuciones hipotecarias, lo que supone un incremento de 51 respecto a 2010. De este total, 224 se tramitaron en los juzgados de Granollers, mientras que el resto lo hicieron en Mollet. “Estos son los casos que han pasado por el juzgado y de los que por lo tanto tenemos constancia”, apunta el decano del Col·legi d’Advocats, Josep Medina, “pero es posible que haya muchos más y no los conozcamos”.
La mayoría de estos casos pueden acogerse a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. “Cuando alguien llega a esta situación, suele ser porque no tiene recursos”, señala Medina, “y pese a haber excepciones, habitualmente pueden disponer de un abogado de oficio”. ¿Y qué puede hacer un abogado cuando el banco tiene todas de la ley para echar de casa a quien no puede saldar su deuda? “Normalmente, poco se puede hacer”, reconoce el decano de los abogados granollerenses, quien matiza que “no solamente hablamos de bancos: cada vez nos encontramos con más créditos concedidos por inversores privados”. En cualquier caso, el objetivo principal del abogado ante un caso de desahucio es “tutelar el proceso de ejecución y asegurarse de que todo se haga correctamente”.
UNA NUEVA HERRAMIENTA
Ante el mencionado incremento de los desahucios, el Col·legi d’Advocats ha proyectado la creación de un “ente que pueda ayudar a quien se encuentre en una situación delicada, como estar pagando pero ver que no podrá hacerlo dentro de unos meses, o haberlo dejado de hacer recientemente”. La idea es crear en el Vallès Oriental una Oficina de Intermediació Hipotecària como la que se puso en marcha hace dos meses en Terrassa. “La gestiona el colegio de abogados local, que también acoge su sede, pero la regulan los Servicios Sociales del Ayuntamiento”, explica Medina. Al tratarse de un servicio gratuito, la tarea de los Servicios Sociales consiste en “asegurarse de que quien lo solicita realmente no dispone de recursos para pagarse un abogado”.
El Col·legi d’Advocats ya ha “mantenido contactos” con los Ayuntamientos de Granollers, Mollet y Caldes de Montbui de cara a implantar este servicio en el Vallès Oriental, y tiene previsto “hablar próximamente con los de Cardedeu y Sant Celoni”. Los consistorios ya consultados están ahora mismo “analizando su población afectada para conocer la viabilidad del proyecto: al ser los propios Ayuntamientos quienes asumirán los costes, es lógico que quieran mirarlo todo con lupa”. En este sentido, insiste en que “se trata de un proyecto con período de caducidad: ahora mismo es necesario, pero dejará de serlo cuando la situación mejore, lo que podría pasar en un plazo de dos años”.
Medina calcula que “de acabar poniéndose en marcha”, la oficina podría entrar en funcionamiento “alrededor del verano”. El decano del Col·legi d’Advocats de Granollers es plenamente consciente de que esta herramienta “no podrá solucionar la totalidad de los problemas”, pero si algo no hay que olvidar es que “una sola solución ya es un éxito, porque hablamos de una familia que no será echada a la calle”.
