
REDACCIÓN
Parecía que el expediente de construcción del Pavelló Nou acabaría sí o sí ante la Fiscalía. El gobierno encabezado por Rafael Ros, anunció que estaba estudiando la posibilidad de denunciar ante esta instancia judicial el proceso de tramitación y adjudicación, realizada en la época en que Miquel Estapé era alcalde por si existía la posibilidad de que de la misma se derivaran responsabilidades de alguna clase. El Grupo Municipal del PSC, empero se adelantó y solicitó la convocatoria de un pleno extraordinario en que se debería aprobar remitir todo el expediente del pabellón polideportivo no sólo a la Fiscalía sino también a la Oficina Antifrau de Catalunya. Al final, después de tanto ruido, el expediente no irá a la fiscalía. El pleno solicitado por los socialistas se convocó finalmente el pasado jueves, día 1 de marzo, y la moción en que se pedía enviar el expediente completo a la fiscalía y a la oficina antifraude fue rechazada sólo con los ocho votos de CiU y PP. El concejal de ERC, Albert Gil aprovechó este punto para ausentarse de la sala, con lo que el alcalde Rafael Ros tuvo que utilizar su voto de calidad para rechazar la propuesta que contaba con el apoyo de los ocho concejales del PSC y ICV-EUiA
El pleno extraordinario sobre el pabellón tuvo lugar una vez finalizado otro cuyo único punto del orden del día era la aprobación de los presupuestos para el 2012. El presupuesto salió adelante también por los pelos: los republicanos, que habitualmente le dan su apoyo al gobierno de Rafael Ros, optaron por abstenerse con lo cual los ocho ediles de CiU y el PP empataron con los ocho del PSC y ICV-EUiA. Los presupuestos salieron adelante porque el alcalde de CiU hizo valer su voto de calidad. Los presupuestos del 2012 de La Roca ascienden a 11´5 millones de euros, cosa que representa un 2´6% menos que el año anterior. Este presupuesto incluye ya la subida del IBI en un 14% – lo que representa unos 300.000 euros – y recortes en algunos servicios como la limpieza o la recogida de basuras. En el debate, el socialista Carles Fernández propuso la elaboración de un plan de mandato de consenso y puso como condiciones para apoyarlo la realización de un plan de saneamiento de las cuentas municipales y que se realizara una consulta sobre la anilla viaria. El alcalde Ros rechazó la oferta.