ORIOL SERRA
Finalmente, los trabajadores de Derbi han ido a la huelga. Lo hicieron el pasado miércoles durante 24 horas que empezaron con el turno de mañana y, según fuentes del comité de empresa, fueron seguidas por la totalidad de los 164 empleados de la factoría martorellense. A lo largo de la jornada, los trabajadores permanecieron concentrados frente a las instalaciones, donde colgaron diversas pancartas contrarias a la decisión de la matriz italiana Piaggio de abandonar la producción en Martorelles. Al mediodía, llevaron a cabo una manifestación que empezó en la propia planta y finalizó frente al Ayuntamiento de Mollet, donde representantes del comité fueron recibidos por el alcalde, Josep Monràs.
Según las mismas fuentes, Monràs “se comprometió a apoyarnos” en la resolución del conflicto. Una resolución en la que el comité exige también “una implicación decidida” por parte de la Generalitat. “Tienen que estar de nuestro lado y defender estos puestos de trabajo”, insistían desde el comité de empresa, “no puede ser que una multinacional tenga la ley de su parte a la hora de abandonar una planta, y en cambio los trabajadores estemos totalmente desamparados”. “No es cierto que esta planta no resulte competitiva: somos rentables y tenemos capacidad productiva”, insistían las mismas fuentes, calificando la medida anunciada por Piaggio de “deslocalización pura y dura”.
Grupo Piaggio anunció hace dos semanas su intención de abandonar definitivamente Martorelles el próximo verano, una vez vencida la moratoria pactada el pasado mes de junio con el comité de empresa para trasladar a Italia la producción de motocicletas. En dicho acuerdo, la multinacional se comprometía también a elaborar un plan industrial que garantizara el futuro de la histórica planta vallesana una vez finalizado este período. En un principio se habló de vender las instalaciones a una tercera empresa e incluso se había empezado a negociar con Doga, fabricante de componentes para la automoción con sede en Abrera (Baix Llobregat). No obstante, Piaggio cambió de opinión meses después y manifestó su intención de mantener la titularidad de la planta para pasar a fabricar en ella recambios y componentes para sus motocicletas.
El conflicto parecía entonces estar alcanzando por fin un final feliz, pero la multinacional italiana volvió a cambiar de opinión hace dos semanas: si la Generalitat no aumentaba la subvención hacia su nuevo plan industrial, se echaba atrás y abandonaba definitivamente la factoría. Un movimiento que sentó a los trabajadores como una jarra de agua fría: la Generalitat ya había aportado el 25% del coste total del proyecto, el máximo permitido por la Unión Europea. Por lo tanto, la Generalitat no puede asumir la demanda de Piaggio si no quiere encontrarse con otro ‘caso Spanair’ encima de la mesa. Lo que para el comité supone la confirmación de que “Piaggio no quiere quedarse”. Y lo que es peor, “la pérdida de tres meses de tiempo para buscar un nuevo inversor”.
