JORDI ABAYÀ
Los grupos municipales del PSC, ICV-EUiA y el Partido Popular presentaron el pasado jueves, día 16, una denuncia contra el gobierno municipal de CiU ante la Oficina Anticorrupción y ante el Tribunal de Cuentas de Madrid por una supuesta “utilización ilegal de fondos públicos”. Dichas formaciones consideran que el gobierno encabezado por Joan Vila, destinó fondos públicos a pagar unas facturas “que debería pagar un promotor” y que esto podría generar responsabilidades en el ámbito penal. Concretamente, denuncian, esto se habría producido el pasado mes de diciembre, cuando el ayuntamiento contrató a una empresa para garantizar el acceso peatonal a la escuela El Colomer, a cargo de los presupuestos municipales, cuando esta obra debía pagarla el promotor del sector de Can Traver. Las obras en cuestión han tenido un coste de unos 30.000 euros.
El alcalde, Joan Vila, reconoce que encargó las obras y lo hizo “por necesidad”. El Plan Parcial de la zona, que efectivamente obliga a los propietarios del sector a hacer frente a las obras de urbanización, no está aún aprobado, y por el contrario el acceso era una necesidad para los alumnos de la escuela. “Son unas obras provisionales hasta que se haga el Plan Parcial”, asegura Vila. Luego espera que los propietarios hagan frente a la inversión. La provisionalidad queda reflejada en que el acceso está separado de la calle, pendiente de urbanizar, con separadores del tipo New Jersey.
La oposición empero, considera, que el Plan Parcial que puso en marcha el anterior gobierno dirigido por Joan Moreno, está parado por motivos políticos desde la entrada del nuevo equipo. Joan Vila, sin embargo, niega que esté parado sino que simplemente es una cuestión que quieren abordar con atención.
No es ésta la única denuncia que los tres partidos han llevado ante la Oficina Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas. Estas formaciones consideran también que la indemnización extrajudicial que se concedió a varias extrabajadora de la guardería municipal La Puput – 27 días por año –, estuvo por encima de lo contemplado para los despidos procedentes. La oposición sostiene que la cantidad debería haber sido de 20 días y que esto podría suponer también un uso ilegal de fondos. El secretario general de la UGT en la comarca, Òscar Riu, sindicato que participó en la tramitación de estos despidos, ha salido esta semana en defensa de las cantidades pactadas entre el ayuntamiento y sus trabajadoras.
