ORIOL SERRA
Después de dos largos meses de negociaciones, el concesionario Prades –fundado en Granollers pero con sede actualmente en La Roca- ya tiene comprador. Según confirmaban fuentes del comité de empresa al cierre de esta edición, será la red de concesionarios Volkswagen Sarsa Vallès –el nombre que más fuerte había sonado durante todo los últimos meses- quien absorba la histórica marca granollerense. Eso sí, solamente mantendrá a 37 de los 94 trabajadores que conforman actualmente la plantilla. Un punto al que el comité de Prades se ha acogido con resignación, pero con la convicción de que “es preferible mantener estos puestos de trabajo a perderlos todos”. Con sede en Terrassa, Sarsa cuenta actualmente con una amplia presencia en las comarcas del Vallès Occidental y el Bages, y esta operación supondría su puerta de entrada al Vallès Oriental.
Según las mismas fuentes, el comprador ya ha presentado al comité una lista con las 37 personas que piensa mantener en plantilla y ambas partes se encuentran ahora mismo “acabando de negociar” las nuevas condiciones laborales –“algunos trabajadores no acababan de estar de acuerdo con lo que nos presentaron en un principio”, explican desde el comité-. Paralelamente, tanto Sarsa como los representantes de la plantilla se encuentran a la espera de que Prades entre en concurso de acreedores para poder formalizar la compra. Al cierre de esta edición, desde el comité se insistía en que la presentación del expediente concursal por parte del concesionario es “inminente”. Por lo tanto, Prades podría pasar a manos de Sarsa “en cuestión de días”.
En este sentido, todas las partes coinciden en que “cuanto antes se complete la operación, mejor”. Para la empresa, porque la situación de incertidumbre vivida durante los últimos meses podría acabar dañando el volumen de negocio de no frenarse en seco. Y para la plantilla –tanto quienes permanecerán en el centro como quienes abandonaran sus puestos-, porque en caso de concurso el FOGASA solamente contempla pagar mensualidades a partir de 30 días antes de la presentación del expediente. Lo que supone un aprieto para una plantilla que, según el comité, todavía está pendiente de cobrar “la mensualidad de enero y parte de la de diciembre.
