JORDI ABAYÀ
Ayer jueves estaba previsto que se representara en Sant Pere de Vilamajor el último acto de la comedia de enredo que ha tenido entretenida a la población en las últimas semanas. Si todo siguió el guión previsto y nadie improvisó sobre la marcha, en la sala Orila de la Rectoría estaba prevista la proclamación del nuevo alcalde, Martí Artalejo. Previamente a su elección estaba programada la toma de posesión de la nueva regidora de CiU, Irene Bonilla. El guión decía que el regidor de CiU, Martí Artalejo, contaría para su investidura con siete de los once votos de la corporación. Los cuatro de su grupo, el único del PSC y los dos del grupo Municipal de ERC-Reagrupament, encabezado por el exalcalde, Joan Bruguera. La toma de posesión de Artalejo deja en la oposición a su hasta ahora compañero en el gobierno y alcalde accidental desde la dimisión de Josep Maria Llesuy, el independiente (GISP), Joan Bosch. También a la independiente (ISP), Dolores López.
PACTO ROTO
No debería haber sido así. Hace cuatro semanas, con la aprobación de la dirección comarcal, CiU y el GISP firmaron un acuerdo de gobierno “hasta final de legislatura”. Ambas fuerzas, a las que se sumó el concejal socialista, Miguel Pérez, sumaban ya ocho de los once concejales. Entonces quedaban en la oposición los dos ediles de ERC-Rcat y también, Dolores López. El pacto, inicialmente presidido por Josep Maria Llesuy, sirvió para distribuir las diferentes áreas del gobierno entre las tres fuerzas y poco más. A los pocos días de concretarse, Llesuy decidió presentar su dimisión irrevocable. Dado que fruto del pacto alcanzado, el primer teniente de alcalde era Joan Bosch, éste pasó a ocupar la alcaldía de forma accidental. CIU tenía claro desde el principio que la alcaldía debía ser para la fuerza más votada, y el GISP inicialmente indicó que era también partidario de eso, aunque prefería un gobierno de unidad.
Todo parecía atado para que así fuera – que habría un nuevo gobierno presidido por Martí Artalejo y que tendría como segundo a Bosch-, pero la semana pasada saltó la sorpresa. El alcaldable de CiU abrió diálogo con todas las fuerzas y de ahí saltó la sorpresa de que el acuerdo no sería con el GISP, sino con ERC-Rcat y con el acompañamiento del PSC. Las tres fuerzas anunciaron que habían firmado un pacto de gobierno “para lo que queda de legislatura”. “Con este acuerdo de gobierno – señalan en un comunicado – se podrá dar por cerrado un periodo de 9 meses de disputas durante el cual no se ha podido trabajar de forma eficaz, pero creemos que esta demora habrá valido la pena. Finalmente, Sant Pere de Vilamajor tendrá un gobierno estable, cohesionado, sin personalismos, con ganas de trabajar”. Los firmantes consideran que el nuevo pacto “es fiel al resultado que surgió de las urnas y en él la fuerza más votada el pasado mes de marzo recupera la alcaldía”.
DOS MESES DE CRISIS
La actual crisis política en Sant Pere de Vilamajor tuvo su punto de partida en el último pleno del mes de diciembre cuando el hasta ahora regidor de Hacienda, el economista, Martí Artalejo, informó de la difícil situación financiera del Ayuntamiento en general y de sus muchas deudas, en particular. Aquel pleno fue la puntilla para el grupo de CiU, presidido por Josep Maria Llesuy que sólo había logrado el apoyo del PSC para gobernar, quien vio como los restantes grupos de la oposición – GISP, ERC-Rcat y ISP – aprobaban reducir a la mitad el sueldo del alcalde y de los ediles. Desde entonces el alcalde de Sant Pere sólo percibe 800 euros por su trabajo. A mediados de enero Llesuy difundió un comunicado en el que se ofrecía a los vecinos para darles explicaciones sobre la situación de la economía local “para evitar malentendidos e interpretaciones erróneas”. El anunció provocó malestar en su grupo – sonaba a evidente desautorización de Artalejo- y sus compañeros, el propio Artalejo, María Carmen Lozano y Patricia Puig le comunicaron al alcalde verbalmente – nunca lo hicieron por escrito – su intención de dimitir. Los concejales también anunciaron que si bien abandonaban el gobierno, no dejarían ni sus concejalías ni el grupo municipal. Esto colocaba al alcalde ante una situación explosiva. Cuando todo el mundo daba por deshauciado a Llesuy, sin embargo, éste alcanzó el pacto de gobierno con el GISP que nadie esperaba. Los tres ediles de CiU decidieron entonces dar marcha atrás en su decisión de renunciar y se acomodaron a la nueva situación. Hasta hace unos días, claro.