Mossos de la División de Investigación Criminal (DIC) han detenido a siete hombres por extorsionar un inversor inmobiliario durante casi dos años para que pagara una deuda de 39.000 euros.

Los detenidos, de nacionalidades albanesa y española y de edades comprendidas entre los 28 y los 63 años, también se les considera autores de los delitos de pertenencia a una organización criminal, de detención ilegal, tenencia de armas y explosivos, defraudación de fluido eléctrico, y contra la salud pública, ya que se dedicaban al cultivo y la venta de marihuana en dos casas de Canovelles.

Los hechos se remontan al 3 de enero, cuando los Mossos recibieron la denuncia de un hombre que aseguraba ser víctima de una extorsión desde hacía tiempo por parte de un grupo de personas procedentes del este de Europa, las que mediante amenazas y agresiones físicas le reclamaban el pago de una deuda económica que había contraído meses antes.

La Unidad Central de Secuestros y Extorsiones de la DIC se hizo cargo de la investigación. La víctima explicó a los agentes que se dedica a realizar inversiones y compraventa de inmuebles. A finales de 2017 él y un socio, con el que ya había hecho varios negocios con éxito, se pusieron de acuerdo para adquirir unas plazas de parking. Para conseguir los 39.000 euros que valían, su socio le convenció para pedir prestado el dinero a unos conocidos suyos.

Finalmente, el negocio no prosperó, y aunque el denunciante estaba en situación de poder devolver su parte, su socio le dijo que él no podía hacerlo y le dijo que lo mejor que podían hacer era esconderse , ya que si no los acreedores los matarían a los dos.

Pocos días después, la víctima recibió la visita de unos hombres que lo intimidaron y amenazaron para exigir el pago de la totalidad del dinero del préstamo y 10.000 euros más como penalización.

Desde aquel día el hombre se vio sometido a un proceso continuo de amenazas de muerte, intimidaciones con armas de fuego e incluso agresiones físicas. Y a pesar de que satisfacer diversas cantidades de dinero a los extorsionadores, por lo que se vio forzado a hipotecar la casa de alguno de sus familiares, el volumen de las reclamaciones de deuda iba aumentando hasta llegar a los 170.000 €.

Los investigadores pudieron identificar a la persona que directamente habría prestado el dinero, un hombre albanés, así como al resto de hombres que habían participado en las amenazas y las agresiones. Fruto de las pesquisas policiales, los agentes determinaron que todas ellas formarían parte de una organización criminal, que entre otros delitos se dedicaba al cultivo, exportación y venta de marihuana.

Los agentes comprobaron que la organización estaba perfectamente estructurada e integrada por ocho personas, cada una de las cuales tenía un rol asignado y unas tareas concretas determinadas.

El grupo disponía de dos casas en Canovelles, donde habían instalado todo el equipo necesario para el cultivo interior de marihuana, que tenían un alto nivel de sofisticación y tecnología y estaba conectado de forma ilícita a la red eléctrica.

Ante estos hechos y el inminente riesgo contra la integridad de la víctima, el 17 de abril se estableció un dispositivo policial que permitió detener siete de los integrantes de la organización delictiva, y imputar un octavo.

El mismo día se realizó la entrada y registro en cinco de los domicilios de los detenidos, en las localidades de Barcelona, ​​Sant Cugat del Vallès, Canovelles y Pont d’Armentera. Los investigadores intervinieron, entre otros objetos y documentación relevante, dos armas de fuego cortas, 25.000 euros en metálico, armas blancas y cinco vehículos de alta gama.

Además, el operativo permitió desmantelar las dos plantaciones de marihuana de la organización, donde los policías intervinieron más de 2.000 plantas, 20 kilogramos de marihuana procesada y preparada para ser vendida y todos los instrumentos para su cultivo y distribución.

Los arrestados pasaron el día 19 de abril a disposición judicial, el juez decretó prisión provisional para uno de los principales investigados. El resto quedó en libertad con cargos con órdenes de prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima y su familia.
 
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.