Nadie muerde la mano que le da de comer

noviembre 26 09:43 2017 Print This Article

Entiendo que los medios públicos de la Generalitat, y los subvencionados, exageren la represión del Estado intentando crear una opinión pública en Catalunya, y en el extranjero, que España es una democracia suspendida por los tics autoritarios de los hijos políticos de Franco. El discurso de Podemos avalaría esta opinión.

No cuela en España, pero sí para los que viven en una realidad paralela. Lo que no entiendo es que los medios constitucionalistas caigan en la trampa.

Me refiero particularmente a lo que esta semana se ha oído y repetido de la jueza Lamela que los miembros del Govern cesado encarcelados y fugados, igual que los Jordis, forman parte de un organización ‘criminal’ para subvertir el orden constitucional.

Para la magistrada está muy claro pero para la opinión pública en general, legos en la terminología judicial, se le antoja una exageración que políticos que aboguen por el pacifismo sean acusados de pertenecer a una organización ‘criminal’.

El código penal de todos los Estados democráticos, heredados del código napoleónico, califica de ‘criminal’ a cualquier organización que pretenda cometer una ilegalidad con independencia del delito que se quiera perpetrar: un asalto a un banco, un crimen o, como es el caso, subvertir el ordenamiento legal. Admito que la expresión ‘criminal’ es muy fuerte, pero es la que es.

Lo sé por experiencia propia: en mis casi treinta años de director del Vallés he sufrido una decena de querellas ’criminales’ y demandas presentadas por políticos, y particulares, que consideraban que la información publicada por el medio que dirigía les ofendía. Cuando me retiré, en el 2012, quedaba dos pendientes de juicio. La última del traumatólogo Manel Balcells sobre el cierre de Policínica.

De esa decena de querellas ‘criminales’, me salía una por trienio. Tengo un capítulo escrito, pero pendiente de publicar, en mi serie de Memorias de Director. Cuento las más interesantes en el capítulo se titula Historia mis Togas Negras. Las gané todas, menos dos…

La primera que perdí fue una querella ‘criminal’ interpuesta a mitad de los 90 por Rosa Martí alcaldriz de Parets y portavoz del PSC en el Parlament. Informe que la ‘alcaldriz’ había quedado embarazada por fecundación en vitro de dos mellizos, y dos en una: La Martí consideró que ‘alcadriz’ era un insulto.

En el juicio tuve que explicar al juez que no lo era. Si existía palabra emperatriz para designar a la esposa de un emperador… Me absolvió (diez años después la Real Academia de la Lengua aceptó la palabra para definir a una ‘puta’…).

La multa me cayó por haber informado que la portavoz socialista, soltera, había quedado embarazada. La noticia era cierta, pero hace veinte años la sensibilidad para cosas intimas era otra.

La Martí me pedía veinticinco millones de pesetas que el juez redujo a quinientas mil…

La otra demanda que perdí fue por defender a una mujer engañada por su marido. Tanta tensión vivía en casa que su hijo de catorce años se suicidó tirándose por el balcón. La condena fue simbólica: doscientos euros de multa a pagar por la esposa engañada, y por el menda.

Sí, el Govern fugado y encarcelado formaba parte de una organización ‘criminal’. Pero no tenía que ser yo, humilde plumilla, quien tiene que aclararlo sino los medios que defienden la Constitución. Los paniaguados nunca lo harán porque nadie muerde la mano que le da de comer.

Roberto Giménez

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