Archivada la denuncia contra todos los regidores de les Franqueses por el cobro de las bodas

marzo 10 16:31 2016 Print This Article
Regidores del Gobierno de Les Franqueses el mandato pasado

Regidores del Gobierno de Les Franqueses el mandato pasado

El juzgado de instrucción número 2 de Granollers ha archivado la denuncia contra diez concejales del equipo de gobierno del anterior mandato de les Franqueses del Vallès (CiU, PSC, UPLF y PP) por cobrar dietas por oficiar bodas civiles . La decisión de archivo llega casi tres años después de que los hechos fueran denunciados por miembros de Unió de Pobles de les Franqueses (UPLF), enfrentados por la titularidad del partido con quien entonces era su única concejala, Vanessa García.

La resolución del juzgado observa que se ha encontrado ninguna irregularidad en la indemnización que percibían los concejales para celebrar las ceremonias. En el documento se argumenta que los pagos eran dietas por su actuación y el desplazamiento, y que se cobraba directamente del Ayuntamiento y no de mano de las parejas que se casaban. La titular del juzgado número 2 de Granollers tampoco advirtió ningún delito en la tasa que cobraba el Ayuntamiento, ya que era “legal y debida” por la cesión del espacio y para cubrir gastos como la tramitación del expediente y la asistencia de la Policía Local y el alguacil.

Por último, la resolución destaca que no hay indicios que hagan pensar que el consistorio hubiera cobrado estos importes antes de que entrara en vigor la ordenanza municipal que daba cobertura legal al cobro.

La denuncia obligó a todos los miembros del anterior equipo de gobierno a declarar como imputados en febrero de 2015. Francesc Colomé, Juan Antonio Marín, Rosa Maria Pruna, Rosa María Isidro, Javier Álvarez, José Ramírez, Vanessa García, Gisela Santos, José Randos y Esteve Ribalta pasaron por el juzgado acusados ​​de haber cometido varios delitos, entre los que destaca el de fraude. La denuncia se basaba en el hecho de que, en el periodo comprendido entre el 25 de julio de 2011 y el 19 de julio de 2012, todos ellos percibieron remuneraciones no autorizadas que tenían su origen en el cobro de cantidades de entre 60 y 90 euros por oficiar ceremonias civiles en el Ayuntamiento.


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