El Figaró vuelve a colgar la bandera española obligado por una sentencia judicial

febrero 05 11:23 2016 Print This Article
El Ayuntamiento recibió la sentencia el pasado día 18

El Ayuntamiento recibió la sentencia el pasado día 18

El Ayuntamiento de El Figaró volverá a colocar la bandera española en las dependencias municipales después de varios años de ausencia. El Ayuntamiento, según ha informado, lo hará en cumplimiento de un sentencia judicial que lo obliga a ello y siguiendo  “el criterio y recomendaciones del abogado de la ACM”.

Según el abogado de la ACM Jordi Salbanyà Benet “una vez que el Juzgado ha acordado la ejecución de la sentencia, el alcalde tiene la obligación de hacer cumplir esta resolución judicial. En caso contrario, el Abogado del Estado puede pedir al Juzgado que dicte medidas coercitivas, como pueden ser la imposición de multas al Alcalde, o pasar testimonio de particulares a la Fiscalía por presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial. Por lo tanto, antes de terminar los quince días desde la notificación de la sentencia, si ha colgado la bandera, habría comunicarlo al Juzgado adjuntando fotografías de la bandera colgada”.

El Ayuntamiento de El Figaró recibió el pasado día 18 de enero un auto del juzgado en el que se le obliga a cumplir la sentencia de 25 de julio de 2015 que lo obligaba a colocar la bandera en las dependencias municipales. Los quince días de tiempo obligados para cumplir la sentencia terminaban esta misma semana.

En caso de no cumplir con esta sentencia, la alcaldesa Maite Carrillo, de Figaró Progrés se vería obligada a asumir las posibles multas (de hasta 1.500 euros) de su propio bolsillo. Las multas serían las que decidiera el juzgado ya que este puede “reiterar estas multas hasta la completa ejecución de la sentencia judicial”.


Ante esta situación, el equipo de gobierno de El Figaró “ve inasumible que la alcaldesa Maite Carrillo se vea multada en reiteradas ocasiones por no cumplir la sentencia y no asumiremos ningún riesgo que comporte su inhabilitación, o la de cualquier trabajador público, para ejercer la función pública”.

Esta sentencia da la razón a la demanda que en su día presentó la Delegación del Gobierno en Cataluña contra el Ayuntamiento de Figaró-Montmany y en la que ésta pedía que se colocara la bandera de España en las dependencias municipales conforme lo establecido en la Ley 39/1981, de 28 de octubre.

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