El juez absuelve a todos los regidores de Lliçà d’Amunt del delito ambiental y responsabiliza de las obras a la Generalitat

abril 21 14:34 2015 Print This Article

Ignasi Simon

El titular del juzgado penal número 3 de Granollers ha absuelto al Alcalde de Lliçà d’Amunt, Ignasi Simón, y seis concejales y ex concejales de este municipio de un presunto delito ambiental.  Todos ellos estaban acusados, a raíz de una denuncia presentada por Antonio Manso, como presidente y representante de la Asociación de Vecinos de Ca l’Artigues, de un presunto delito contra el medio ambiente por haber permitido vertidos de aguas residuales al torrente Paniagua desde el alcantarillado de las calles Priorat, Garrigues y Penedès del barrio de Ca l’Artigues desde el año 2003 hasta el año 2010.

Los abogados defensores demostraron que la competencia de las obras necesarias para evitar los vertidos y, por tanto, la responsabilidad de los mismos, era de la Generalitat a través de la Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) y que los diferentes gobiernos municipales hicieron todo lo posible para agilitar estas obras. Incluso llegaron a presupuestar fondos para que la obra de los colectores necesarias para parar los vertidos se hiciera. El juez da la razón a sus argumentos con la absolución.

carrerpenedes

La calle Penedès, junto al torrente que se contaminó

Además del Alcalde, estaban acusados ​​el concejal de ERC y alcalde entre los años 2003 y 2007, Joaquim Ferriol; los ex concejales Fernando Miralles (ERC) y Ferran Gellida (ERC), que encabezaron la concejalía de Medio Ambiente entre los años 2003 y 2007; el concejal Francisco León (ICV), concejal de Obras del 2003 al 2007; el exconcejal
Pere Grau (CiU), concejal de Medio Ambiente de 2007 a 2011; y la concejala María Marcos (PS), concejal de Obras y Servicios desde el 2007 hasta el 2013.
El juicio comenzó el pasado 12 de marzo en el Juzgado Penal número 3 de Granollers y el 27 de marzo quedó visto para sentencia. La Fiscalía, en sus conclusiones, pedía para todos los ediles y exediles una pena de 18 meses de prisión, además de multas y penas de inhabilitación. La Fiscalía sostenía que las obrs deberían haberse ejecutado por parte de la administración local al margen de qué administración tuviera las competencias.

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