El Tribunal de Cuentas establece que el primer gobierno de Rafael Ros no cometió irregularidades contables

enero 22 16:11 2015 Print This Article

larocaprensa22eLa sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, con sede en Madrid, acordó, el pasado día 10 de diciembre, que no procedía abrir un juicio contra la junta de gobierno de La Roca entre los años 2007 y 2011 por irregularidades contables. Este estaba formado por el actual alcalde de CiU, Rafael Ros, junto con el republicano, Albert Gil,  y los también convergentes, Manuel Álvarez y Jordi Fortí. Este jueves al mediodía todos ellos comparecieron en una rueda de prensa convocada en La Roca para explicar la decisión del tribunal y para mostrar su satisfacción por el archivo de la denuncia “al quedar acreditado que no existen las irregularidades contables a que se referían los miembros del grupo municipal del PSC que interpusieron la denuncia”

En el auto del archivo de la denuncia, el Tribunal de Cuentas deja claro que en el caso que se acusaba a la Junta de Gobierno de La Roca “no se reúnen los requisitos establecidos legalmente para generar responsabilidades contables”. Así quedó determinado en una actuación realizada en septiembre de 2014.

La denuncia ante el tribunal de cuentas fue presentada en abril de 2010 por el entonces portavoz socialista, Miquel Estapé en representación del Grupo municipal del PSC.

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Parte de la sentencia en que se detallan las actuaciones

En dicha denuncia los concejales del grupo municipal del PSC de la Roca hacían referencia a diversas irregularidades. Entre ellas a un listado de 81 facturas del año 2008, de diferentes proveedores de servicios con los que trabajaba habitualmente el ayuntamiento de la Roca del Vallés y en los que se manifestaba dudas que hubiera una coincidencia entre el pago y el servicio realizado. El Tribunal de Cuentas establece, en función de la documentación aportada, que los servicios cobrados fueron “efectivamente realizados” y no se determinan “perjuicios para los fondos municipales”. Otra cuestión sin embargo es el hecho de no haber presentado las cuentas – otras de las denuncias del PSC- un tema, por otra parte según el tribunal, del que no se derivan “responsabilidades contables”. El tribunal confirma otra de las cuestiones denunciadas como era de que existían contratos adjudicados tras iniciarse las obras, aunque detalla que “no se cuestiona la efectiva realización de los trabajos”

“De la información facilitada con total transparencia a los concejales del grupo municipal del PSC de la Roca – señalan los grupos de CiU y ERC- ya se podía conocer y comprobar que todos estos servicios se habían prestado y correspondía hacer frente a la obligación del pago por servicios efectivamente prestados, por lo que consideramos que los concejales denunciantes del grupo municipal del PSC de la Roca actuaron con mala fe y con ánimo de perjudicar política y personalmente a los concejales denunciados”.

Ante la evidencia “instruida y probada de que en el ayuntamiento de la Roca del Vallés, gobernado entre los años 2007-2011 por los grupos municipales de CiU y ERC, no se han producido irregularidades contables”, los concejales denunciados  manifestaron, además de su satisfacción, rechazo por el uso de la denuncia personal como arma de acción política. Consideran que esta denuncia “sólo sirvió para tergiversar y ensuciar la vida política municipal, contribuyendo a generar crispación” y que su único objetivo era “sacar un rédito político por parte de los concejales del grupo municipal del PSC de la Roca en las pasadas elecciones municipales de 2011”.

Ante todo ello los regidores de CiU y ERC “exigen” al exalcalde, Miquel Estapé y al Grupo Municipal Socialista del anterior mandato “el resarcimiento de los caudales públicos destinados a la defensa jurídica de los miembros de la equipo de gobierno denunciados” y “el resarcimiento por los daños morales a los concejales afectados, a través de la pública rectificación , con la misma contundencia, visibilidad y profusión de medios mediáticos con la que hacer visible la demanda presentada, y en medios de alcance local y nacional”.

Los miembros de la Junta de Gobierno del anterior mandato  señalan que consideran necesaria “la acción jurídica justa, dura y contundente contra aquellos casos de corrupción que lamentablemente salpican hoy en día la vida política y social de nuestro país”, pero piden también a los atención “sobre malas prácticas políticas que sólo buscan acabar con el adversario político desde el mundo de las alcantarillas”.

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