La insensatez de las autoinculpaciones

by valles | diciembre 29, 2014 12:08 pm

mariano[1]Cuando un civil accede al poder para dirigir a la sociedad civil mediante el voto mayoritario de esa sociedad civil, pierde su condición de civil y se convierte en autoridad pública a la que se le debe respeto, obediencia y consideración, de lo contrario la sociedad podría convertirse en una jungla. Por su parte, la autoridad pública para evitar la jungla, ha de gobernar sin olvidarse de nadie y olvidándose de los intereses y ensueños partidistas. Las asociaciones civiles carecen de autoridad aunque, en ocasiones, ejercen una gran influencia en la autoridad pública, de la cual reciben agradecimientos. Los órganos directivos de las asociaciones civiles aprovechan la coyuntura con gran habilidad. Incluso consiguen que un sector de ciudadanos hagan cola en la puerta de un juzgado, para entregar una instancia sin sustancia porque “el quiero dejar constancia de que tomé parte en el proceso participativo”, necesitaría que se probara con documento fehaciente o testigos presenciales del hecho o, como mínimo, que fuera una declaración jurada ante notario para darle formalidad. Los organizadores de la extraña fórmula de reivindicación dicen que es un acto de solidaridad a favor de tres querellados por haber celebrado una consulta contraviniendo el procedimiento legal establecido. Los querellados aseguran estar muy tranquilos porque tienen el convencimiento de no haber cometido infracción alguna. Sí estuvieran así de tranquilos, no pedirían el auxilio de la gente de la calle instándola a que se involucren en un periplo judicial que sólo a ellos compete.  Lo lógico y normal sería que los tres querellados asumieran con la dignidad de la persona responsable y segura de sí misma, las  consecuencias de sus decisiones, erróneas o no,  y pidieran a los movilizados que no se preocupen ni firmen ni rubriquen nada porque nunca se sabe a qué puede llevar una firma en un papel redactado por un tercero de forma impersonal e interesada. Antes de firmar, hubiese sido prudente que consultaran a un abogado de confianza. En la instancia se dice que la actuación del Gobierno español fue ilegítima y que en España no existe la división de poderes que configura  el Estado de Derecho. Ambas afirmaciones se apartan de la realidad y no es nada sensato acudir al juzgado con la realidad distorsionada.

M. Riera

Endnotes:
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