El Ayuntamiento de Caldes de Montbui vulnera la ley al modificar el régimen laboral de un importante número de trabajadores municipales. Para esta modificación es necesaria la autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que el Ayuntamiento de Caldes no tiene y, por tanto, lo que está haciendo en estos momentos es ilegal.
Esto es lo que afirma la concejal del Partit Popular de Catalunya (PPC) en el Ayuntamiento de Caldes, Montse Romano, en las alegaciones presentadas al Acuerdo de «Funcionarización» aprobado en el Pleno Municipal de septiembre por el grupo mayoritario de ERC con los votos en contra del resto de grupos. Esta concejala afirma que se está llevando a cabo este Acuerdo sin que ni siquiera se hayan respetado los plazos que se han de marcado y sin seguir lo que marca la legislación vigente.
Montse Romano, según señala, se basa en sus afirmaciones en una sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2002 en el que se dice que «la materialización de este Acuerdo y de todos los actos que se hayan llevado a cabo para su ejecución son nulos de pleno derecho». En este sentido, el Real Decreto 22/2013, de 23 de diciembre, de «Presupuestos Generales del Estado para el año 2014», establece en diferentes artículos, y queda totalmente determinado que «durante 2014 no se puede proceder a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos, incluidas las plazas incursas en los procesos de consolidación de trabajo, sin la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas «.
Al respecto y según informa la concejala, «queda claramente determinado que durante 2014 no se puede incrementar, en ningún caso, la masa salarial de los puestos de trabajo sin la tramitación, con carácter previo y remisión del proyecto al ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas». Y se indica que «serán nulos de pleno derecho los acuerdos que se adopten sin haber emitido el informe del Ministerio de Hacienda».
Aparte de este aspecto y de no respetar los plazos, en las alegaciones del PPC se señala que el proceso contiene diversas irregularidades como hablar, en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Diario Oficial de un acuerdo tomado «en el Pleno Ordinario del día 8 de Septiembre» cuando ese día no se celebró ningún Pleno; aprobar las bases reguladoras para llevar a cabo esta modificación laboral sin dar cumplimiento a las alegaciones que se presentaron; hacer referencia a temarios específicos de municipios ajenos a Caldes (como Cardedeu o Calonge), o negar la posibilidad de un recurso ante el propio Ayuntamiento, como así lo estipula la Ley correspondiente.
“Por lo tanto, parece ser que este procedimiento en el que está inmerso el Ayuntamiento no sólo es contrario a la ley: Resulta escandaloso que en este tiempo de austeridad de los ciudadanos una Administración decida tomar decisiones para ampliar su cuerpo de funcionarios con todas las consecuencias que esto conlleva sin el riguroso cumplimiento de la legislación vigente”, señala la regidora del PPC. «Y no quisiéramos creer que esta Administración pretende burlar la ley», remata Romano
