El coste del asedio laboral

Mayo 11 11:01 2012 Print This Article

Foto: Xavier Solanas

JORDI ABAYÀ

El Ayuntamiento de L´Ametlla del Vallès podría tener que afrontar en los próximos meses un pago de 132.716 euros a dos agentes de la policía local en concepto de responsabilidad patrimonial. El pasado 15 de marzo, el Ayuntamiento aceptó admitir a trámite las reclamaciones por este valor cursadas por el agente Oscar Fernández y el sargento José Ramon Martínez. El primero reclama 83.568 euros como consecuencia de los supuestros daños y perjuicios económicos sufridos “por omisión de riesgos laborales y asedio laboral”, mientras que el segundo pide, por el mismo concepto, 49.148 euros.

El Ayuntamiento, tras aceptar el trámite de esta petición, tiene un plazo de seis meses, prorrogable otros tres, para emitir una resolución

-favorable o desfavorable- a la petición. En el caso que opte por el silencio administrativo, a efectos legales esto actuaría como desestimación de la reclamación.

En el caso que aceptara la petición de los dos agentes, el Ayuntamiento de L´Ametlla debería hacer frente al pago mediante sus recursos propios,  ya que esta reclamación es una contingencia que no está admitida por ninguna aseguradora. En el expediente ya se señala expresamente que “no procede citar a ninguna aseguradora, ya que el Ayuntamiento no tiene cubierto el riesgo que se pueda derivar de los actos administrativos que no sean un accidente”. En el caso que el expediente sea desestimado, los agentes se plantean llevar su demanda a los tribunales.

La reclamación de los dos agentes tiene su origen en el año 2008, cuando ambos decidieron denunciar ante el juzgado que en el Ayuntamiento se habían localizado un total de 140 denuncias – actas, alcoholemias…- sin tramitar. Según los dos policías, que ya en aquellos momentos tenían problemas con sus superiores, empezaron a ser objeto de una operación de acoso en forma de expedientes disciplinarios, suspensiones, denuncias, rumores y presiones de diverso tipo. A partir de todo aquello, entre otras cuestiones, el agente causó baja laboral, aún vigente, mientras que el sargento solicitó su traslado a Palau Solità, donde actualmente ejerce sus funciones.

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